Responsabilidad de los colaboradores sociales


justicia.jpgUna de las cuestiones que se plantean los profesionales tributarios es el alcance de su responsabilidad frente a la Administración Tributaria cuando éstas representan a un tercero.

En este sentido, el asesor fiscal es un mero presentador de la declaración, asumiendo la función señalada en el art. 92.3.e) de la LGT, en relación con el art. 46.4 de la misma, que se refiere a que se entiende acreditada la representación de los asesores en el marco de la colaboración social a los exclusivos efectos de la presentación telemática de documentos. Referencia a este tema se incluye en el propio modelo de representación que conserva el colaborador, que dice literalmente:

“La presente autorización se circunscribe a la mencionada presentación por vía telemática sin que confiera al presentador la condición de representante para intervenir en otros actos o para recibir todo tipo de comunicaciones de la Administración Tributaria en nombre del obligado tributario o interesado, aún cuando éstas fueran consecuencia del documento presentado.”

No se presume, por consiguiente, ningún tipo de representación adicional del contribuyente por el mero hecho de presentar declaraciones por vía telemática.

Una práctica habitual por muchos asesores es la de quedarse una copia impresa de la declaración presentada por vía telemática firmada por el propio contribuyente (cliente) para estar a salvo de cualquier intento de imputación por parte de la Administración Tributaria, bien de errores materiales, bien de cualquier tipo de responsabilidad.

A estos efectos, se ha de indicar que la LGT, en sus artículos 35 a 43, al regular las clases de obligados y responsables tributarios, no incluye entre los mismos a los colaboradores sociales en aplicación de los tributos y, por otra parte, de acuerdo con lo previsto en el art. 17 de la citada LGT, a la Administración Tributaria le es indiferente cualquier pacto o convenio que pueda existir entre las partes ya que “los elementos de la obligación tributaria no pueden ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la Administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas”. Otra cosa es, por tanto, el procedimiento que se articule entre asesor y cliente para que, a efectos jurídico-privados, quede claro que el asesor se ha limitado a transmitir telemáticamente la declaración de su cliente de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

Por último, otra cuestión que suscitan frecuentemente los asesores es la posibilidad de que puedan incurrir en responsabilidad en caso de que los datos transmitidos telemáticamente fuesen incorrectos o, incluso, en falta de presentación de la declaración.

La D.G.T. ha dado respuesta a esta cuestión en su consulta vinculante V0044/2005, en cuyas conclusiones finales no deja lugar a dudas, y dice literalmente:

“… en el supuesto de que los datos incluidos en las declaraciones presentadas por el consultante fuesen incorrectos, o en caso de falta de presentación en plazo de las mismas, el responsable ante la Administración tributaria sería el obligado tributario; sin perjuicio de que el presentador de las mismas pudiera ser igualmente responsable en el caso de incurrir en alguno de los supuestos de responsabilidad recogidos en los artículos 42 y 43 de la Ley 58/2003”.


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