Publicada la nueva Ley de contratos del Sector Público


congreso-diputados.jpgRecientemente se ha aprobado una Ley importante que presenta un extenso articulado. Se trata de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. del 31).

Esta Ley ha venido a regular entre otros muchos aspectos, el relativo al uso obligatorio de la factura electrónica, por lo que, a modo de resumen, voy a incluir unos breves comentarios sobre los aspectos más destacables.

Aún falta por aprobarse el desarrollo reglamentario de esta norma, si bien, su Disposición adicional decimonovena, dedicada al uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley, indica que será en dicho desarrollo normativo donde se establecerán las condiciones en que podrán utilizarse facturas electrónicas a la hora de contratar con el sector público.

Es en la Disposición final novena donde se recoge la habilitación normativa en materia de uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica. En ella se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar, previo dictamen del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición adicional decimonovena que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en los procedimientos regulados en dicha Ley.

Asimismo establece que el Ministro de Economía y Hacienda, mediante Orden, definirá las especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban efectuarse en cumplimiento de la mencionada Ley y establecerá los modelos que habrán de utilizarse.

En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, que se producirá el 30 de abril de 2008, el Ministro de Economía y Hacienda ha de aprobar las normas de desarrollo necesarias para hacer posible el uso de las facturas electrónicas en los contratos que se celebren por las entidades del sector público estatal (Ver el formato de las facturas publicado en la Orden PRE/2971/2007).

En cuanto a la obligatoriedad de presentación de facturas electrónicas en la contratación con el sector público estatal, ésta alcanzará únicamente a las sociedades que no puedan presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Dicha obligatoriedad surtirá efecto una vez transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de las anteriores normas de desarrollo.

Este requisito puede plantear un problema ya que el requisito para que una empresa pueda acogerse a la cuenta de pérdida y ganancias abreviada, es que al cierre del ejercicio han de concurrir, al menos, dos de las circunstancias siguientes:

  • Que el total de las partidas del activo no supere los once millones cuatrocientos mil euros.
  • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los veintidos millones ochocientos mil euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250.

Y podría darse la circunstancia de que durante años una empresa pueda acogerse a la formulación de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, pero en el último ejercicio el que podríamos realizar una contratación con el Sector Público no cumpla ya los requisitos para acogerse a la formulación abreviada, sin embargo no lo sabrá hasta que se cierre la contabilidad al final del ejercicio.

Por Orden conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, se irá extendiendo progresivamente la obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas a otras personas físicas y jurídicas en función de sus características y el volumen de su cifra de negocios. En todo caso, transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor de las normas anteriores, el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal; si bien, en los contratos menores, la utilización de la factura electrónica únicamente será obligatoria cuando así se establezca expresamente en las referidas Órdenes.

También recoge la Ley un aspecto que ya había anunciado Francisco Ros allá por el mes de junio del pasado año: El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, adoptará las medidas necesarias para facilitar la emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades que contraten con el sector público estatal, garantizando la gratuidad de los servicios de apoyo que se establezcan para las empresas cuya cifra de negocios en el año inmediatamente anterior y para el conjunto de sus actividades sea inferior al umbral que se fije en la Orden a que se refiere el párrafo anterior.

Tras la lectura del articulado queda por tanto pendiente de concretar en relación con éste último asunto aspectos cómo:

  • La forma en que se va a materializar la creación de estas oficinas gratuítas.
  • En qué Administración Pública se van a ubicar.
  • Qué firma electrónica se utilizará para facturar? La del propio interesado que tendrá que llevar a estas oficinas en un soporte externo, o tal vez lo hará la propia Administración en base a un convenio de prestación de servicios que se firmará sobre la marcha para que ésta pueda actuar como facturador en nombre de terceros?.

En cualquier caso, dadas las cuestiones que aún quedan pendientes, estaremos muy pendientes del posterior desarrollo normativo que se tendrá que producir.

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