Cambios en la denominación de los Registros Telemáticos


e-administracion.jpgLos registros telemáticos han supuesto una verdadera revolución en el Sector Público al proporcionar un ahorro incalculable en coste de procesos, en coste de soportes y, sobre todo, en tiempo por parte de los ciudadanos a la hora de realizar trámites administrativos.

Como idea previa, conviene aclarar que no es lo mismo la informatización de los registros administrativos que la implantación de los registros telemáticos. La segunda responde a una etapa más avanzada que se ha ido desarrollando a ritmos diferentes en los diversos ámbitos de la Administración.

Los registros telemáticos permiten la modelización de las tramitaciones administrativas de forma electrónica, lo que permite transformar unos procesos habitualmente pesados y lentos en otros, basados en el soporte electrónico, que son más rápidos y eficientes. Ello permite eliminar una buena parte de las imperfecciones del proceso administrativo tradicional.

Sería impensable que en el momento de efectuar una presentación telemática de una declaración tributaria hubiera un funcionario “detrás” de la página de la AEAT para que, de alguna manera, validara y aceptara la presentacíon de la declaración a modo de sello electrónico, aunque fuera pulsando un botón. Si hoy día podemos realizar trámites administrativos a través de una sede electrónica con validez jurídica es porque lo hacemos a través de esta figura fundamental para la implantación de la e-Administración.

Antecedentes normativos

El artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, desarrollado por el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, dispone que las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de técnicas y medios telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, posibilitándose de igual forma que los ciudadanos, cuando sea compatible con los medios técnicos disponibles, puedan relacionarse con las Administraciones a través de técnicas y medios electrónicos e informáticos, siempre atendiendo a los requisitos y garantías previstos en cada procedimiento.

Por otra parte, el artículo 38 de la Ley 30/1992, en su apartado nueve, adicionado por el artículo 68 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recogió la posibilidad de crear registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos o comunicaciones que se transmitieran por medios telemáticos, siempre que cumplieran con criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la información.

De modo más especifico, el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, reguló la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro (B.O.E. del 22), admitiendo expresamente en su art. 3 la presentación de solicitudes, escritos, documentos y comunicaciones por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. Conforme a su Disposición adicional tercera, este Real Decreto es de aplicación supletoria a los procedimientos tributarios y a la aplicación de los tributos. Por el contrario, resulta de aplicación directa a los procedimientos administrativos no tributarios tramitados por la Agencia Tributaria.

Mas tarde, el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero (B.O.E. del 28), en su artículo 3 introdujo modificaciones al Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que reguló la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado e incorporó un nuevo capítulo VI sobre “Registros Telemáticos“.

Tal y como estableció el anterior Real Decreto 209/2003 en su Disposición final primera, el 10 de junio de 2003 se aprobó la Orden PRE/1551/2003 (B.O.E. de 13 de junio), por el que se regularon los registros y notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

Por último, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (B.O.E. del 23), ha venido a regular los “Registros Electrónicos” con carácter general para todas las Administraciones Públicas, recogiendo en su Disposición Transitoria Única que todos los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor de la Ley tienen ahora la consideración de registros electrónicos.


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