El Canon digital sigue estando en la brecha por el ser en estos días el tema estrella. Continuando con la excepción que comenté ayer, aprovecho para aclarar y justificar mi postura al respecto, dando también con ello respuesta al comentario que me ha formulado Clotilde Sastre en este blog.
En primer lugar quiero aclarar que tanto los derechos de autor como la propiedad deben defenderse dentro de la legalidad. Pienso que los creadores de cualquier obra tienen el derecho a que esta propiedad sea reconocida, sin embargo, no debemos confundir los derechos del creador con los “supuestos derechos” que algunas industrias quieren explotar.
Como dice Enrique Dans, “Durante la historia de la Humanidad, cientos de modelos de negocio han entrado en crisis y se han visto abocados a la redefinición o la desaparición: dicho proceso supone una evolución perfectamente saludable en la economía, aunque en el momento en que ocurra provoque efectos obviamente negativos para quienes participaban en dichos negocios”. Si este sector está realmente en crisis, que intervenga el Estado con más subvenciones y ayudas como hace con otros (Astilleros, etc.), aunque ésto debiera realizarlo únicamente de forma temporal. Lo que tendría que hacer la industria es preocuparse por adaptarse a las nuevas situaciones los avances tecnológicos están generando.
Lo siguiente que quería comentar es que el término que entre todos hemos acuñado “Canon digital” tal vez no sea el más apropiado. Si observamos las definiciones que la Real Academia Española establece del término, comprobaremos que no se ninguna de ellas se ajusta mucho a lo que venimos comentando; por lo que tendríamos que estudiar la naturaleza de este “Impuesto revolucionario”.
Al analizar la Ley General Tributaria, en su art. 2 encontramos el concepto de “Tributos“, definiéndolos como:
“Ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.
Los tributos, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.”
Continuando el mismo artículo con la clasificación que establece de éstos en: Tasas, Contribuciones especiales e Impuestos.
Por otra parte, nuestra Constitución establece en su artículo 31:
“1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público a la ley”.
A la vista de lo expuesto, no parece por tanto que el Canon presente naturaleza tributaria, ni siquiera como exacción parafiscal; y que, lejos de perseguir como fin el sostenimiento del gasto público, lo que pretende es justificar un interés económico particular, lo que resulta inaceptable, y menos aún que el Gobierno lo apoye.
Para encontrar el origen del mismo habremos de remitirnos a la propia Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia [BOE del 22]), en cuyo artículo 25, que fué modificado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E. del 8 de enero) establece el “Derecho de remuneración por copias privadas“, que está destinado a compensar la pérdida de ingresos que, para los titulares de una obra musical o audiovisual genera esta posibilidad de hacer copias de las mismas para uso privado.
A la vista de lo expuesto, llego a la conclusión de que el Canon es ilegal y no está justificado, aunque venga recogido en una norma con rango de Ley. Estoy convencido, además, que si sale adelante será recurrida ante el Tribunal Constitucional, que será quien tenga la última palabra…
Yo les preguntaría a los “autores” que tantas declaraciones están haciendo en prensa (y yo soy también autor de algunos libros), ¿qué argumento realmente de peso me pueden facilitar para imponerme el canon? ¿que voy en contra de la cultura? ¿que soy insolidario? ¿que apoyo la piratería?. Y para colmo del remate llega el Sr. Ministro César Antonio Molina y se deja caer con la amenaza de que si retiran el canon tendrían que prohibir las copias para uso privado, y con una nueva propuesta de productos objeto del canon. Como era previsible, las reacciones no se han hecho esperar.
Con este tipo de declaraciones confirman una vez más que, en realidad, les da igual grabar unos productos que otros. Únicamente quieren favorecer a una industria con intereses particulares.
Más argumentos para oponerse al canon:
- No parece muy congruente que el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal (B.O.E. del 25), imponga en su articulado (arts. 8, 14 y 25) la obligación de realizar copias de respaldo a todo tipo de entidades que dispongan de datos de carácter personal y, por otro lado, se imponga un canon de pago obligatorio por utilizar un dispositivo de grabación y un soporte de almacenamiento.
- Si realmente nos encontramos ante un sector en crisis, ¿no lo estarían también los de otros países de nuestro entorno? ¿Es que en otros países similares al nuestro los “autores” no sufren el mismo problema?.
Consecuencias que se derivarían en caso de que se aprobara definitivamente el Canon:
- Terminaremos como en los 70 y 80, viajando a Andorra o Ceuta a comprar los productos que aquí sean objeto del Cánon, ya que afortunadamente, nuestra normativa aduanera es un fiel reflejo de la normativa comunitaria y no establece excepciones tan lamentables como las que intentan imponernos.
- Al comprar los productos en lugares que no forman parte del Territorio Aduanero Comunitario, los mencionados productos únicamente pagarían con motivo de su entrada en la Península e Islas Baleares los correspondientes aranceles -en su caso- y el IVA a la importación.
- Si la importación la realizáramos en régimen de viajeros, es decir, como turistas, siempre que el bien objeto de importación fuera para uso personal, entraríamos dentro de la franquicia arancelaria y fiscal establecida, con lo que la SGAE no vería “ni un duro”, quiero decir, “ni un euro”.
- Si ahondamos en este tema, las ventas nacionales de estos productos sufrirían un descenso sustancial con el consiguiente perjuicio de los fabricantes y vendedores, aumentarían las adquisiciones intracomunitarias y el tráfico de importación de terceros países, lo que iría en perjuicio de nuestra Balanza Comercial.
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La última norma que voy a mencionar publicada en el B.O.E. del día 29 es la esperada Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, también conocida por LISI, que ha sido objeto de un amplio debate en la red y que, por el interés de los temas contenidos en ella, en este post me voy a limitar simplemente a hacer una reseña suya, para más adelante introducir un nuevo post en el que entraré a analizar su contenido definitivo.
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